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La Fiscalía General llamó a juicio a tres policías acusados de presuntamente haberse apropiado de parte del cargamento de cocaína que fue incautado a Manuel Antonio Castañeda, el señalado 'narcochofer', cuando se transportaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El fiscal a cargo del proceso radicó ante los jueces de la República el escrito de acusación contra los policías presuntamente implicados en este caso identificados como Jhon Jairo Rivas Mosquera José Ricardo Guerra Gómez, y Yorguin Omar Hernández, por los hechos registrados el 12 de diciembre de 2022.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo de uniformados al parecer entregó información falsa en el reporte que hicieron a sus superiores sobre la cantidad de cocaína incautada decomisada en el operativo judicial.
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Según las investigaciones, en el reporte de policía se dejó un acta de incautación de 168 kilogramos de cocaína, pero realmente el decomiso ascendió a 212 kilos, que se encontraban ocultados en la silla trasera y el baúl de una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección.
En el marco de las investigaciones de la Fiscalía, se logró establecer que al parecer los 44 kilogramos de cocaína que se apropiaron estos uniformados fueron comercializadas en el departamento del Cauca y el sur de Colombia en el mercado negro con organizaciones criminales.
“Adscritos a la Policía Nacional de la Estación de Policía del Municipio de Totoró Cauca, conservaron sin permiso de autoridad competente, esto es, del Ministerio de Justicia y del Derecho, y del Consejo Nacional de Estupefacientes, la cantidad de cuarenta y cuatro (44) kilogramos de cocaína, sustancia que se encontraban en el cargamento que transportaba al momento de su captura el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal”, señaló la Fiscalía.
En atención a los hechos investigados, la Fiscalía acusó a estos tres uniformados por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes agravado.
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El fiscal del caso concluyó que los uniformados “conocían que lo hacía sin permiso de autoridad competente y conocían que con su comportamiento ponían en riesgo la salud de la sociedad que pudiera acceder a dicha sustancia y sin embargo quisieron su realización”.
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