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El presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto de la Línea Negra, el cual redefine las zonas sagradas de las cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El mandatario de los colombianos defendió la medida al señalar que es una garantía de protección para los grupos étnicos Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos, de los de departamentos de César, La Guajira y Magdalena.
Además, Santos aclaró que el Decreto de la Línea Negra no vulnera ni desconoce la propiedad privada y tampoco modifica la consulta previa.
“Este decreto de la Línea Negra no es una imposición de culto ni credo ni religión, no vulnera la propiedad privada, no reglamenta ni modifica la consulta previa, ni mucho menos busca convertir a los grupos indígenas en autoridades ambientales”, recalcó Santos.
El primer mandatario manifestó que el Decreto obedece al cumplimiento de lo ordenado en su momento por la Corte Constitucional para proteger a los grupos étnicos de la sierra.
“El objetivo del Decreto es garantizar el acceso de las comunidades indígenas a las zonas sagradas para que puedan realizar sus cultos y prácticas mágico religiosas”, puntualizó Santos
El jefe de Estado indicó que el decreto de la Línea Negra consagra un seguimiento especial para su cumplimiento por parte de las autoridades municipales y departamentales.
“Se crea una instancia de protección al terrario de la Línea Negra, conformada por el Gobierno nacional y los gobernadores del Cesar, La Guajira y el Magdalena”, recalcó el mandatorio.
Sobre esa iniciativa se han presentado varías críticas de diferentes sectores económicos, quienes pidieron al presidente Santos que se aclaren algunos puntos de ese decreto sobre la nueva delimitación de los terrenos indígenas.
Algunos dirigentes regionales señalaron que los puntos sagrados quedarían demarcados en 348 sectores como la Plaza Alfonso López, la Iglesia de la Concepción, las playas de Riohacha, el Pozo Hurtado en el Río Guatapurí y algunas bahías de Santa Marta.
Además, las quejas también se han perfilado sobre la falta de socialización del decreto, que impide que se discutan en qué van a quedar los proyectos de desarrollo empresarial en la región.
