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Para financiar los retos de la adaptación a los líos que representa el cambio climático, el Gobierno Nacional diseñó un impuesto que debía ser pagado por quienes cometen eventualmente afectaciones al ambiente: Impuesto Nacional al Carbono.
Desde 2017 hasta septiembre de 2018, el Gobierno ha recaudado $700.000 millones del impuesto al carbono, tributo principalmente cobrado a quienes queman combustibles fósiles.
Al respecto, hay quienes se preguntan qué ha pasado con ese dinero que iba a tener una destinación y distribución específica en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Y es que durante el desarrollo de la COP 21 en París, el expresidente Juan Manuel Santos se comprometió a que Colombia reduciría el 20 % de las emisiones de gases efecto invernadero para 2030. Una de las estrategias que se puso en marcha con ese propósito fue el Impuesto Nacional al Carbono, medida que obliga a las empresas a pagar unos $15.000 por cada tonelada de CO2 que se emite.
¿Pero qué pasó con ese dinero?
Los $476.862 millones recaudados el año pasado y los $238.339 millones que se recolectaron hasta septiembre de este año ya no irían al Fondo Colombia Sostenible, como se tenía presupuestado, sino por el contrario pasarían al Fondo Colombia en Paz.
No ha faltado quienes cuestionen que es indispensable que ese dinero en Colombia pase a aumentar la extensión de áreas protegidas, a ayudar a la protección de los páramos, a realizar planes de mitigación y adaptación al cambio climático, a reducir la deforestación y finalmente a atender las problemáticas que representan la sostenibilidad del país.
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Hasta el momento se tiene claro que el 25 % del dinero será destinado a manejar la erosión costera, al cuidado de fuentes hídricas, y a la conservación de ecosistemas. Otro 5 % irá directamente a fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el otro 70 % se destinará para la ayuda y mitigación del posconflicto.
Finalmente, se espera que para el próximo año se logre establecer alianzas para que los recursos se ejecuten de acuerdo a la ley, y el sector ambiental cuente con el dinero suficiente para llevar a cabo los proyectos que tenía establecidos que no se han llevado a cabo por falta de presupuesto Nacional.
