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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) le hizo un llamado urgente a la Corte Constitucional de Colombia para que revise y ratifique el Acuerdo de Escazú, antes del 3 de septiembre, marcando así un hito en la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe.
Este acuerdo, que representa el primer pacto regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, es crucial para fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la región.
Con más de cinco años desde que el Gobierno Nacional firmó el Acuerdo de Escazú, en respuesta a las demandas del Paro Nacional de 2019. Tras un largo proceso que culminó con su aprobación en el Congreso de la República a finales de 2022, el acuerdo está ahora en la etapa final antes de su implementación en el país, la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
El WWF, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, enfatizó en la importancia de que la Corte Constitucional culmine favorablemente este proceso. La ratificación del Acuerdo de Escazú permitiría a Colombia avanzar en la consolidación de un marco legal robusto que garantice el acceso a la información ambiental, fomente la participación ciudadana y asegure la justicia en temas ambientales.
Además, este acuerdo es visto como una herramienta esencial para enfrentar la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, que afecta gravemente a la región.
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Uno de los aspectos más destacados del Acuerdo de Escazú es su enfoque en la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En un país como Colombia, donde el informe de Global Witness señaló que es uno de los más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente, la implementación de este acuerdo es vital.
Los defensores ambientales desempeñan un papel crucial en la defensa del derecho a un ambiente sano, y la ratificación del acuerdo ofrecería mecanismos adicionales para su protección, así como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones ambientales.
La revisión de la Corte fue un proceso altamente participativo, con casi 80 intervenciones ciudadanas presentadas para solicitar la declaración de constitucionalidad del acuerdo. En una audiencia pública celebrada el 26 de abril de 2024, los magistrados escucharon diversos argumentos que giraron en torno a la relación entre el tratado regional y la seguridad jurídica y soberanía nacional. Voces de pueblos indígenas, afrodescendientes, académicos y activistas coincidieron en la necesidad imperiosa de que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú.
Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política de ONU WWF Colombia, en entrevista con RCN Radio, señaló que, "esta solicitud hace parte de una solicitud mayor que hacemos en el marco de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, una alianza que ya lleva más de cinco años promoviendo la ratificación del Acuerdo de Escazú y de la democracia ambiental".
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La importancia de este acuerdo se ve aún más reforzada en el contexto de la COP16 sobre Biodiversidad, que se celebrará en octubre de 2024 en Cali. Bajo el lema 'Paz con Naturaleza', la conferencia subrayará la necesidad de un nuevo modelo económico que no dependa de la industria extractiva, reconociendo el papel fundamental de las comunidades locales y los pueblos étnicos en la conservación de la biodiversidad.
Finalmente, señalaron que si Colombia no ratifica el Acuerdo de Escazú, enfrenta varios riesgos importantes. El país podría perder la oportunidad de fortalecer su marco normativo ambiental y de liderar a nivel regional en temas de sostenibilidad.
Además, la falta de ratificación podría aumentar la vulnerabilidad de los líderes ambientales, limitar el acceso a la información y la participación pública, y reducir las oportunidades para el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional.
