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Los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Angela María Robledo y la Comisión Colombiana de Juristas volvieron a presentar una demanda contra la ley de cadena perpetua en la Corte Constitucional.
En febrero el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez les rechazó el recurso, porque no se habían acreditado como ciudadanos colombianos. Esta vez cumplieron todos los requisitos de ley y el despacho del magistrado Alejandro Linares les acepto la demanda.
Los congresistas y la organización dicen que la norma tiene vicios de forma por presuntas irregularidades en su aprobación, durante los debates en el Congreso de la República.
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“Presenta una violación al principio de consecutividad, con ocasión de la elusión material de los debates séptimo y octavo del trámite de aprobación del proyecto de reforma constitucional, al existir una violación al procedimiento legislativo y al principio democrático por falta de garantías materiales para el ejercicio de la participación política”, dice la demanda.
Según explicaron, en el séptimo debate, la mesa directiva del Senado omitió activar la Comisión de Ética para resolver una recusación interpuesta por un ciudadano contra todos los senadores, “lo que derivó en la imposibilidad de participación de un número importante de estos”.
Esa irregularidad al parecer también se presentó en octavo debate: “la mesa directiva del Senado de la República trasladó a la Plenaria la decisión sobre una recusación similar a la presentada en el séptimo debate, omitiendo de nuevo activar la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista (en adelante Comisión de Ética) para tramitarla”.
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Esta demanda se convierte en un nuevo recurso contra la ley de cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de edad.
El despacho del magistrado Ibáñez, estudia otras tres demandas presentadas por un grupo de estudiantes de la universidad Javeriana y los abogados Andrés Mateo Sánchez, Paula Juliana Barragán Palacios y Sebastián Sánchez cuyo expediente va un poco más avanzado según se logró conocer.
El estudio central que hará ese despacho, busca establecer si esa ley plantea o no una solución de fondo a los casos de violación de menores de edad y si la cadena perpetua protege o no a los menores víctimas.
