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La Corte Constitucional podría sentar jurisprudencia en materia de erradicación de cultivos ilícitos, en el marco de las discusiones sobre el uso del glifosato que vuelven a la Corte a través del estudio de una tutela que presentó la Asociación de Cultivadores de Coca por la erradicación forzosa en el departamento de Nariño.
Lo que dicen los campesinos es que se está violando su derecho a la participación en las audiencias virtuales que buscan socializar los planes para volver al uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos.
El problema se deriva de la pandemia del coronavirus, pues a raíz del confinamiento para evitar contagios, esas audiencias tuvieron que programarse de forma virtual sin tener en cuenta que los campesinos que dicen que se van a ver afectados por las fumigaciones, se ubican en una zona sin acceso a internet.
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Aunque el Estado ha dicho que las audiencias se transmitirán por radio, para los campesinos esa medida no es suficiente porque no le garantiza su derecho a la participación, toda vez que no podrán manifestar su posición frente al uso del herbicida.
“Lo único que harán es decirles lo que van a hacer, sin que se tengan en cuenta las condiciones reales de la comunidad afectada (…) de esta forma no pueden exigir que se mantengan ciertas condiciones de seguridad ambiental, por el respeto a la vida y a la salud de los habitantes, incluyendo humanos y la fauna y la flora existentes”, se indica en la tutela.
Para ese grupo de campesinos, esas audiencias públicas son fundamentales para proteger los derechos al “ambiente sano, la vida y la salud, puesto que el propósito de la misma es incidir en la modificación del Plan de Manejo Ambiental en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), aspersión que ha estado prohibida por cinco años en el país, por los riesgos que representa para la salud y el daño a los cultivos lícitos”.
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Esa tutela fue escogida para estudio en la sala de selección de tutelas número tres de la Corte Constitucional y es en contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Defensa, el Ejercito Nacional y otras entidades del Estado.
La Corte consideró que es un caso importante para precisar el alcance de los derechos fundamentales del campesino y para definir si la línea jurisprudencial que la Corte ya inició sobre las aspersiones aéreas y el uso del glifosato debe ser aplicada en ese caso.
