Procesos contra Petro y Cepeda no van más en la Corte Suprema tras desestimiento de Uribe

Se trata de unas denuncias que había interpuesto por injuria y calumnia.
Álvaro Uribe en el Congreso de la República
Álvaro Uribe en el Congreso de la República con la bancada del Centro Democrático Crédito: Colprensa

La Corte Suprema de Justicia notificó al senador Gustavo Petro del desestimiento de un proceso que había emprendido en su contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de injuria y calumnia.

Fue el propio Petro el que reveló el documento que le envió esa alta corporación, en el que se señala que se acepta “la manifestación de desestimiento en la presente acción penal, realizada por el exsenador Álvaro Uribe Vélez, a través de su apoderado”.

Ante esto, la Sala de Instrucción indicó que debido a esta decisión tomada por el exmandatario no queda más remedio que declarar la extinción de la acción penal.

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En consecuencia, los magistrados decidieron “inhibirse de seguir esta indagación en contra del senador de la República Gustavo Francisco Petro Urrego, con fundamento en las razones expuestas en el cuerpo de esta providencia”.

Fuentes indican que lo mismo ocurrirá con el senador Iván Cepeda, contra quien también había interpuesto una denuncia por injuria y calumnia, debido a un trino del congresista opositor. Sobre este proceso, se había programado para el próximo 19 de octubre una audiencia de conciliación, diligencia que en principio ya no se adelantaría.

Lo que hasta el momento se conoce es que estos desestimientos se deben a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no tiene confianza en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por eso prefiere que no se sigan adelantando dichas investigaciones en esa corporación.

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Estas decisiones tomadas por Uribe y su abogado, se dan después de que la Corte Suprema determinara que la indagación por presunta manipulación de testigos debe adelantarse bajo la Ley 906, que es el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Precisamente, la juez 30 de control de garantías definió para el próximo 8 de octubre la fecha de la audiencia en la que definirá si el exmandatario debe o no quedar en libertad.


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