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La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó el decreto 558, que hizo cambios al sistema pensional en época de pandemia (COVID-19).
El decreto determinaba que las empresas del sector público y privado y trabajadores independientes debían pagar solo el 3% de cotización al sistema.
En este punto la Corte debería aclarar en su decisión si las empresas deberán desembolsar el resto de los pagos para los períodos de abril y mayo o quién asumirá ese costo.
El decreto también permitía a las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías trasladar a Colpensiones “en un plazo no mayor a cuatro (4) meses los recursos” de su afiliado
En ese punto la Corte deberá aclarar si las personas que alcanzaron a trasladarse a Colpensiones deberán volver a su sistema pensional privado.
El decreto que se cayó le ordenaba a Colpensiones establecer las condiciones para obtener la información completa de los afiliados al sistema pensional privado.
“Obtención de la información de datos básicos, contactibilidad de los afiliados, así como documentos físicos digitales y la estructura de base de datos que requiere le sean entregados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías”, señalaba el decreto.
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En la decisión, la Corte también tumbó el artículo que le ordenaba a Colpensiones seguir pagando la pensión como una renta vitalicia a aquellos pensionados en la modalidad de retiro programado “cuyos saldos no les resulten suficientes para continuar recibiendo una mesada de un salario mínimo”.
Desde la Corte señalaron que la primera parte del Decreto Legislativo, es decir los cinco primeros artículos, fueron declarados inexequible por votación de 6-3 y salvaron voto los magistrados Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares.
El resto de los artículos se cayó con votación de 7-2. salvaron voto Guerrero y Linares
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