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El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la petición del senador Iván Cepeda, quien por medio de una tutela, solicitó que se proceda a realizar la audiencia de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, por el caso de supuesta manipulación de testigos.
La tutela pedía protección a los derechos de las víctimas al debido proceso y a la verdad, pues Cepeda consideró que, al haberse negado la preclusión del caso que fue confirmada en septiembre de este año, debe procederse a realizar la audiencia de acusación por parte de la Fiscalía.
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“Lo pedido consistió en la designación de un ‘fiscal ad-hoc para que asuma la investigación’ o ‘un nuevo fiscal para que asuma el caso y sin más dilaciones proceda con la debida diligencia a presentar ante los Jueces de la República el escrito de acusación’”, cita la providencia.
Pese a los argumentos del accionante, el magistrado ponente explicó que las actuaciones de la Fiscalía de asignar un nuevo delegado se ajustan a las normas procedimentales, pues se trata de un expediente de más de 100 carpetas que apenas está en etapa de análisis, por lo que el fiscal asignado será quien decida si procede a una nueva solicitud de preclusión o pasa a la acusación.
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“Pues, según lo informó el ente investigador a esta corporación, se trata de un expediente penal integrado por más de 100 carpetas, las cuales al menos debe conocer el nuevo delegado fiscal, previo a definir la ruta procesal que considere adecuada”, agrega el tribunal.
El tribunal reconoció que es notoria la prolongación de la etapa de investigación, pues este proceso empezó en 2018, pero cinco años después, la corporación no puede afirmar que el ente acusador no haya tomado alguna decisión, pues en dos ocasiones a optado por la preclusión.
“Transcurriendo cerca de cinco años desde entonces, no puede afirmarse que el ente investigador no haya adoptado alguna decisión sobre la misma, comoquiera que optó en dos ocasiones por la preclusión”, concluyó la sala.
Con esto el caso sigue en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir si hay suficiente material probatorio que permita realizar la acusación al expresidente Álvaro Uribe.
