Tribunal ordena detención domiciliaria contra el gobernador de San Andrés

El mandatario dice que es inocente "de todas las imputaciones señaladas".
Everth Hawkins Sjogreen
Everth Hawkins Sjogreen Crédito: Everth Hawkins Sjogreen

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria del gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, por supuestas irregularidades en contratos del manejo de la pandemia, según informó

"Durante más de 45 días, investigadores del CTI y policía judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron varias actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19", explicó en su momento en ente investigado.

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A finales de mayo de 2020, el gobernador fue escuchado en interrogatorio respecto a este caso.

En el transcurso de las investigaciones y verificaciones hechas sobre el contrato de publicidad, el fiscal delegado estableció que al parecer el gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente.

Asimismo, encontró que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por 500 millones de pesos, el 18 de marzo de 2020 pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de 86'800.000 pesos.

Según los investigadores de policía judicial de la Fiscalía, dicha suma de dinero fue pagada por el departamento.

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En atención a las pruebas recolectadas, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia concluyó que en este caso se habrían vulnerado principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía, responsabilidad y se generó un detrimento patrimonial.

La Fiscalía precisó en su oportunidad que los hechos irregularmente registrados están ligados a la comisión de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, que fueron imputados al gobernador de San Andrés.

Corte Suprema de Justicia

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