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Según la Corporación Judicial, esa solicitud que traía mensaje de urgencia no cumplía los requisitos de ley.
Las medidas cautelares habían sido solicitadas a través de una acción popular que radicaron en ese Tribunal Antonio Navarro de la Alianza Verde; Sofía Gaviria y Viviane Morales del Partido Liberal; Ernesto Macías e Iván Duque del Centro Democrático; y Jorge Enrique Robledo del Polo.
En dicho recurso jurídico los congresistas alegaban que con la venta de Isagén por medio de la subasta en la que participó solo el consorcio canadiense brookfield, se violaron varios derechos de los colombianos, como el de la libre competencia y la moralidad pública.
Además, señalaban que se trata de una "acción popular" en la que se plasman los argumentos para sustentar una supuesta “ilegalidad” de la transacción.
