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La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió, para estudio, una acción de tutela presentada por diversas organizaciones, por violaciones de Derechos Humanos, cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.
La tutela fue instaurada en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá.
En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.
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Según la tutela, las supuestas prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el Esmad, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.
Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de paro y movilización nacional, desde el 21 de noviembre de 2019.
Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pidieron al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.
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La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso.
Asimismo, el magistrado a cargo del estudio de la tutela solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el Esmad para reprimir protestas pacíficas.
