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La Corte Suprema de Justicia rechazó rotundamente la solicitud presentada por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para cambiar de patio al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado uno de los testigos claves en la investigación que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santigo Uribe Vélez, por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El pronunciamiento se hizo luego que el Instituto reseñara que en una inspección de rutina hecha en enero en la casa fiscal de la cárcel La Picota en la que se encuentra recluido Monsalve le fueran encontrados elementos de uso prohibido, como celulares, computadores y bebidas alcohólicas.
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Debido a esto, se consideró necesario trasladar al exparamilitar a una celda normal dentro del mismo establecimiento carcelario. Sin embargo, para la Corte Suprema, no se puede ignorar el hecho que Monsalve tiene medidas de protección especial por lo que debe estar en un lugar con unas condiciones especiales.
El alto tribunal citó que él fue trasladado hasta estas casas fiscales como medida de protección después de sufrir varios atentados y recibir amenazas en contra de su integridad personal y la de su familia.
En este punto se señala que Monsalve debe continuar recluido en esas casas fiscales (en las cuales han estado otros presos como los integrantes del Grupo Nule y los exfuncionarios del Ministerio de Agricultura procesados por el escándalo de Agro Ingreso Seguro) para proteger su vida.
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La Corte recuerda que el Inpec tiene la obligación de adelantar los respectivos controles para evitar que se incumpla el reglamento interno de cada sitio carcelario o penitenciario del país, evitando así el ingreso de elementos de uso prohibido.
Monsalve reveló en el año 2014 que tenía información sobre la participación y conocimiento de los hermanos Uribe Vélez en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.
El mismo exparamilitar le reveló, en el año 2017, a las autoridades que abogados contratados por el líder del Centro Democrático lo habían buscado en repetidas oportunidades para que cambiara su versión y acusara al senador Iván Cepeda de haberlo presionado con prebendas y beneficios económicos para que señalara a los hermanos Uribe.
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Su declaración fue la piedra angular para que en febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia le abriera investigación preliminar al expresidente por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno y fraude procesal.
En este punto se cita que el abogado Diego Cadena –uno de los apoderados de Uribe- lo visitó en repetidas oportunidades en la cárcel para manifestarle la necesidad que firmara un documento con su retractación.
Esa reunión fue grabada por Monsalve con un reloj. Igualmente, la esposa del exparamilitar registró una reunión que sostuvo con el jurista en la cual le pidió que convenciera a su marido de cambiar su versión.
