Suspenden por tres años al abogado Diego Cadena en el caso Álvaro Uribe

Este viernes se publicó una nueva sanción contra el jurista Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta participación en manipulación de testigos.

El jurista Cadena fue suspendido en el ejercicio profesional, durante 34 meses y, además, deberá pagar una multa de diez salarios mínimos mensuales vigentes, luego de que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo hallara responsable de intentar influir de manera indebida en un proceso penal a través de pagos a un testigo.

De acuerdo con la sentencia, Cadena presuntamente participó en actos fraudulentos para que el exparamilitar, Carlos Enrique Vélez Ramírez, que se encuentra privado de la libertad en la cárcel del municipio de Palmira, Valle, declarara a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en contra del senador Iván Cepeda, en el marco del proceso que la Corte Suprema de Justicia le adelantaba al expresidente.

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Según la sentencia, el suspendido incurrió en faltas contra la dignidad de la profesión y, además, obró con mala fe en su ejercicio como abogado.

"Quedo demostrado que el profesional Diego Cadena actuó con consciencia y voluntad en la conducta reprochada (…)”, señaló el fallo.

Cabe resaltar que la sanción también evidencia las fechas en las que el abogado sancionado ingresó al penal de Palmira, al parecer, para visitar al exparamilitar Vélez Ramírez y, además, resalta que se encontraron giros realizados, por el despacho de Cadena y otros abogados, -que también fueron sancionados-, a familiares y amigos del condenado.

"Los giros se realizaron entre el 7 de diciembre del año 2017 y el 11 de julio del año 2018, por $9.400.000 y no son discutidas por los investigados ni en éste ni en el proceso penal que se les adelanta por estos mismos hechos (…)", reza la sanción.

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Además, el documento de 39 páginas señala que si bien Cadena asegura que dichos pagos no corresponden a sobornos para manipular declaraciones, sino que hacían parte de supuestas ayudas humanitarias, la sentencia precisó que se debió a un “actuar contrario a los deberes profesionales”.