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Los investigadores de la Fiscalía General reportaron que la red de supermercados de Cundinamarca que fue objeto de embargo por presuntos nexos con las Farc, pasará a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Fuentes judiciales señalaron que una vez dicha entidad asuma la administración de los 60 locales comerciales en diferentes zonas del país, quedarán en manos de depositarios para que sigan funcionando al público.
La Fiscalía entregará a la SAE todos los reportes relacionados con el fin de que esta entidad asuma las obligaciones y ofrezca las garantías de permanencia de estos supermercados.
En medio de las investigaciones se identificó que la cadena de Supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa cuenta con locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocaima y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).
De acuerdo con los investigadores, los supermercados habrían servido como red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que operaban como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial.
A la Fiscalía le llamó la atención que el eslogan comercial de dichos supermercados era #SomosLosAmosDelAhorro, y advirtió que mientras ofrecían rebajas de todo tipo, ello contrastó con el inexplicable crecimiento económico que tuvieron estas personas entre los años 2006 y 2016, pasando de tener 1.500 millones de pesos a 30 mil millones de pesos.
Además de los 60 supermercados, fueron incautadas cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casa-lotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos.
Protestas en la Fiscalía
Por su parte, los trabajadores y algunos clientes de esta cadena de supermercados protestaron de manera pacífica en frente del Búnker de la Fiscalía para reclamar por los operativos de embargo de los locales comerciales.
Según los empleados, la diligencia judicial de ocupación terminó por afectar de manera grave la estabilidad laboral de centenares de trabajadores que tenían como única fuente de ingreso su empleo con la cadena.
