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A partir de hoy comenzó, formalmente, el proceso de solicitud de libertad de las más de 8.500 personas sindicadas por delitos menores cuya situación jurídica aún no se les resuelve, pero llevan más de un año bajo la medida de detención preventiva.
Aunque el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, no ve la situación caótica y asegura que el impacto será menor, lo cierto es que se ha abierto la polémica en torno a la posibilidad de que los sindicados por el delito de feminicidio también puedan solicitar su libertad.
“Algunos por delitos culposos podrán salir… los que tengan que ver con delitos sexuales por feminicidios seguramente podrán salir algunos porque creo que este no quedó en la ley 1760”, explicó Londoño, al referirse a la ley que establece algunos parámetros para reglamentar, de forma más precisa, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Sin embargo, aclaró el jefe de la cartera judicial que el juez puede decretar la libertad o puede cambiar esa medida de detención preventiva por otro tipo de medidas preventivas como uso de brazalete, casa por cárcel, prohibirle que salga del país o asignarle una zona restringida donde pueda movilizarse.
“No es que esos 8.500 detenidos vayan a salir hoy.
Los abogados tendrán que hacer la solicitud y la Fiscalía podrá oponerse a esa medida preventiva”, añadió el ministro Londoño.
Quedan por resolver 9.500 casos relacionados con delitos graves que tendrán que resolverse en el próximo año, como los de genocidio, delitos de bacrim, los delitos sexuales o contra la administración pública.
“Para eso, hemos creado una Comisión con la Fiscalía, con el Consejo Superior de la Judicatura y con el Ministerio de Justicia para que durante este año todos esos procesos puedan ser estudiados y evacuados, y no tengamos que, el año entrante, prorrogar esta ley”, puntualizó.
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