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Este lunes, el precandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama radicó ante la Contraloría General un recurso de reposición y apelación ante el fallo fiscal emitido el pasado 6 de septiembre por su responsabilidad en los daños patrimoniales que se presentaron en la puesta en marcha de la obra de Hidroituango cuando fungió como Gobernador de Antioquia.
En el fallo se determina que se presentó un detrimento de 2,9 billones de pesos por las malas inversiones dentro de la hidroeléctrica, así como acciones y omisiones que llevaron a la pérdida o suspensión temporal del megaproyecto, afectando así su valor. Igualmente se señaló que el Estado perdió 1,1 billones de pesos por las demoras en la puesta en marcha de la obra.
Mientras Fajardo radicaba estos recursos para que el fallo sea revisado en segunda instancia fue notificado de la decisión del juzgado 29 penal de conocimiento de Bogotá que ordenó suspender los términos del proceso fiscal ante la Contraloría General. Esto tras resolver una acción de tutela que pedía la protección a su derecho al debido proceso.
En su cuenta de Twitter Fajardo señaló que confía en que las autoridades demostrarán en segunda instancia que nunca incurrió en una falla durante su Gobernación con este proyecto. "Tenemos la confianza y la tranquilidad de que todas nuestras actuaciones se dieron en el marco legal: actuamos bien. Así lo demostraremos".
En el fallo, la Contraloría General indicó que se presentaron una serie de omisiones y malos manejos que llevaron a un considerable atraso en la puesta en marcha del que era considerado el proyecto más importante para la generación eléctrica en todo el país. En este sentido se indica que por tres años el megaproyecto estuvo suspendido, generando una afectación de 4,3 billones de pesos.
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Con sus acciones -resalta-llevaron a que se presentara un incremento del 114.94% del valor inicial de la obra, a lo que se suma lo que dejaron de percibir por las demoras en las falencias de la puesta en marcha.
Por estos hechos fueron condenados el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo. Mientras que el ahora suspendido gobernador, Aníbal Gaviria, fue excluido de cualquier responsabilidad.
Por medio de sus respectivas defensas anunciaron la presentación de recursos jurídicos para que se revise la decisión de la Contraloría General en una segunda instancia.
Para recuperar parte de lo perdido en abril de 2020 la Contraloría General había pedido declarar el embargo de las cuentas bancarias de los contratistas.
