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La defensa del senador Álvaro Uribe Vélez le solicitó formalmente a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva del proceso que se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.
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El abogado Jaime Granados, quien defiende al congresista, señaló que la solicitud tiene como fin que todo el país conozca el expediente en toda su integridad.
"Esta solicitud se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connoación política se ha prestado para la violación de la reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica", precisó el jurista.
Para Granados, existe una violación a los derechos fundamentales del investigado, el senador Uribe, por lo que la reserva de todo el proceso se debe levantar y así darle garantías.
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"Si bien la resera sumarial está establecida en la ley, la Constitución, norma de nromas, avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual, se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel interamericano por las propias Corporaciones de Justicia", señaló.
El pasado 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cobijó con medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, al senador del Centro Democrático en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
En la decisión, los magistrados advirtieron que existe un riesgo de obstrucción a la justicia, hecho por el cual la medida es necesaria y justificada.
En el fallo de 1.500 páginas se hace además una compulsa de copias para que se investigue al abogado Diego Cadena, quien ya enfrenta un proceso penal por estos mismos hechos, así como al juez Carlos Alberto Cruz Moreno, y a una exparamilitar conocida con el alias de 'Diana'.
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Por un lado, la Sala ordena que el expresidente deba pagar una caución que rodea los 100 salarios mínimos legales vigentes (algo más de 87 millones de pesos), que deberá pagar a la cuenta de la Rama Judicial, como una caución, por si no se vuelve a presentar a la justicia.
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