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El Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría había impuesto en el 2010 contra el exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas por su participación en las "chuzadas" del DAS.
El caso se relaciona con la información que solicitó el secretario de la Presidencia al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Según la sanción de la Procuraduría, Moreno no estaba habilitado para pedir información de Ascencio Reyes, el supuesto organizador de un evento dirigido a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2006.
El Consejo de Estado revisó el proceso, después que Moreno solicitara tumbar la sanción de la Procuraduría, y concluyó que “el exfuncionario sí estaba habilitado legalmente para obtener la información de inteligencia relacionada con el ciudadano Ascencio Reyes, pues se trataba de una actuación legalmente permitida al Departamento Administrativo de Presidencia de la República que el aquí demandante dirigía y de un cometido que le había sido asignado por el propio presidente de la República”.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que si bien Moreno fue condenado por la Corte Suprema por ese caso no se advirtió que “la reunión con los funcionarios del DAS y la UIAF para obtener los resultados de sus registros desbordara el marco de sus competencias”.
Para el Consejo de Estado, la Procuraduría interpretó de forma errónea las normas que definían la competencia del exfunciona de las entidades de inteligencia respecto a la información que debían entregar a la Presidencia de le República.
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“El Consejo de Estado declaró la nulidad de los apartes de los actos administrativos que contienen la declaratoria de responsabilidad disciplinaria y la sanción y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó cancelar el registro de la medida disciplinaria”, dice el Consejo de Estado en un comunicado
El exsecretario de Presidencia fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en 2014 a ocho años de prisión por su responsabilidad en los seguimientos e interpretaciones ilegales contra opositores del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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