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Los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas presentaron formalmente su solicitud para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conozca los procesos que se adelantan en su contra por el escándalo del 'carrusel de la contratación'.
En el documento se señala que los hechos por los que han sido investigados y sentenciados tienen una relación con el conflicto armado interno.
Los Moreno Rojas argumentan que son herederos del proyecto político del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente de la República entre el 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957).
"Nuestra solicitud de aportación de la Comisión de la Verdad y sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz como parte de un proceso de cierre al esclarecimiento en el conflicto armado colombiano", precisa uno de los apartes de la solicitud de sometimiento.
En este punto se revela que cumplirán con todos los compromisos fijados en esa justicia especial.
Los hermanos Moreno Rojas se presentan como agentes terceros involucrados en el conflicto armado interno. En los próximos días, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP definirá si acepta o no la petición.
La solicitud también está firmada por María Eugenía Rojas, mamá del exalcalde y el exseandor.
Los procesos contra los Moreno Rojas
Moreno Rojas tiene en su haber tres condenas por el 'carrusel de la contratación': 30 años de prisión por las irregularidades que rodearon la cesión del contrato para la construcción de la Fase III de Transmilenio por la calle 26; 39 años de prisión por las irregularidades en la celebración de los contratos para la reparación de la malla vial y valorización; y otra de 24 años de cárcel por las irregularidades en el contrato para la prestación del servicio de ambulancias.
Igualmente enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la adjudicación del contrato de Tunjuelo-Canoas -que le fue adjudicada a un consorcio en el que tenía participación Odebrecht- para la descontaminación del Río Bogotá.
Mientras que el exsenador Iván Moreno Rojas fue sentenciado en 2014, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a 14 años de prisión por el cobro de millonarias comisiones a un grupo de empresarios y contratistas con el fin de beneficiarlos con la entrega de contratos viales en Bogotá.
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