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La Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Estado colombiano que suministre información frente a la petición de medidas provisionales requeridas para las víctimas del los paramilitares en Colombia en atención a la inminente deportación del excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso a Italia.
Las medidas fueron solicitadas por la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional al advertir que la no extradición a Colombia de Mancuso pone en riesgo la posibilidad de que cientos de víctimas puedan acceder a justicia, verdad y reparación.
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Asimismo, se le solicita a la Corte IDH que requiera a las autoridades colombianas competentes para la debida diligencia del trámite de extradición de Mancuso con el fin de permitir que las víctimas de las masacres de Ituango (2002) y Pueblo Bello (1990) y Valle Jaramillo (1998) tengan garantías para el acceso a la justicia.
Según los autores de estas peticiones, el Estado colombiano ha sido negligente hasta el momento y ello podría tener como consecuencia la imposibilidad de que Salvatore Mancuso cumpla las sentencias condenatorias que han sido impuestas en su contra por diferentes crímenes y otras graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas el Estado colombiano tiene plazo hasta el 31 de agosto para remitir la información relacionada con este proceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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“La deportación de Salvatore Mancuso a Italia causaría una grave afectación a los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y tendría como consecuencia una garantía de impunidad por los delitos que cometió Mancuso en Colombia”, indicó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.
