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Una vez más el exgerente de la campaña Santos presidente, en el 2014, Roberto Prieto, no asistió a la diligencia programada por el Consejo Nacional Electoral dentro de la investigación por la posible financiación ilegal que la multinacional Odebrecht habría hecho a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.
Fuentes del Consejo Nacional Electoral confirmaron que la diligencia fue reprogramada para el próximo 14 de abril y si no comparece, en esta ocasión, sería conducido por la Fuerza Pública para que declare bajo la gravedad de juramento.
Por su parte, Alfonso Portela, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, insistió que no existen pruebas conducentes para determinar que hubo ingresos de dineros de Odebercht a la campaña política y que solicitará el archivo de la investigación.
"El material probatorio distinto a las declaraciones de los citados, no dice absolutamente nada, entonces nosotros en los próximos días vamos a insistir que se archive la investigación teniendo en cuenta que no podemos estar ahí todo el tiempo en lo mismo cuando el material probatorio no dice absolutamente nada", indicó el abogado Portela.
Ante este enuncio del abogado del expresidente de la República, fuentes del Consejo Electoral le confirmaron a RCN Radio que la autoridad electoral quiere escuchar a todas las partes involucradas en la investigación.
Con estas diligencias, el tribunal electoral reactivará el caso que adelanta en contra del exmandatario, el cual había quedado quieto desde hace varias semanas, luego de la comparecencia del empresario Andrés Sanmiguel.
El Consejo Nacional Electoral escuchó en versión libre a Gilberto Contreras, contador de la campaña política; Aracely Rojas, auditora, y a Óscar Orlando Rueda.
Cabe recordar que el pasado 16 de enero el empresario Andrés Sanmiguel compareció ante el CNE, pero decidió guardar silencio.
En la declaración que entregó en la Fiscalía General de la Nación, Sanmiguel, dueño de Gistic Logistic, habría indicado que los dineros destinados para la reelección ascendieron a cerca de 4.000 millones de pesos y que fueron entregados por una compañía creada por Odebrecht y una filial de Corficolombiana.
