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La Procuraduría General de la Nación halló disciplinariamente responsable al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por irregularidades en un proceso licitatorio adelantado por su administración departamental en 2012, para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes instalaciones de la Gobernación.
De esta manera, Aguilar fue sancionado por 8 años, pero debido a que ya no se encuentra en el cargo, deberá pagar una multa cercana a los 40 millones de pesos: "se deberá convenir en salarios la suma equivalente a 8 meses, con base en el mensual básico $4.645.536 que devengaba para la época de los hechos".
En la misma decisión, el Ministerio Publicó sancionó e inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos a Jairo Jaimes Yañez, en su condición de secretario general de la Gobernación. Según la Procuraduría, fue el encargado de liderar la licitación y posterior adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad de la administración departamental para la época de los hechos.
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El contrato fue adjudicado a la firma Vigilancia Santafereña y Cia Lmta y lo que reprocha la Procuraduría es que en el proceso licitatorio no se haya convenido una licitación pública que permitiera la participación de otros oferentes, para competir por el contrato, es decir, "se incluyeron restricciones restrictivas y discriminatorias. No objetivas y justas que impidieron la libre concurrencia de oferentes".
La sanción constituye un fallo de primera instancia que podrá ser apelado por el exgobernador y el secretario.
