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La Fiscalía General de la Nación capturó a los integrantes de una red que desfalcó en más de 3.000 millones de pesos a la Nación. La red facilitaba pensiones de invalidez a militares activos y retirados que no cumplían los requisitos para acceder a estos beneficios.
Según las investigaciones, esta organización delincuencial habría tramitado exámenes médicos con información falsa para que se reconocieran de manera irregular dichas pensiones de invalidez o por disminución de la capacidad física a los uniformados activos o en retiro.
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Los elementos de prueba recolectados por la Fiscalía General evidenciaron que esta actividad ilegal se habría realizado durante cinco años en los que, supuestamente, se otorgaron mesadas con sobrecostos y se generó una defraudación superior a los 3.100 millones de pesos.
“Entre los beneficiados con estas decisiones hay militares activos y en retiro de 26, 30 y 35 años, que estarían habilitados física y psicológicamente para continuar ejerciendo sus funciones”, indicó la Fiscalía.
De acuerdo a los papeles que cumplían cada uno los capturados dentro de esta organización criminal, los fiscales a cargo de este proceso les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, estafa agravada, falsedad material en documento público, falsedad material en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideológica en documento público.
Al ser interrogados por el juez de control de garantías ninguno de los capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.
Por disposición del juez de control de garantías, tres de los detenidos fueron cobijados con medida de aseguramiento y se ordenó su envío a prisión. No obstante, los otros dos implicados seguirán vinculados a la investigación penal.
Los cobijados con medida de aseguramiento son Claudia Patricia González Cardona, funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional en el área de asuntos legales, y los hermanos Guillermo y Carlos Carrasquilla Orjuela, el primero capitán en retiro del Ejército Nacional.
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En el transcurso de las investigaciones la Fiscalía logró obtener evidencias que involucrarían a algunos de los señalados integrantes de esta red delincuencial en, por lo menos, 17 eventos irregulares.
Los fiscales detectaron que supuestamente los detenidos incidieron para que en los exámenes médicos se certificara pérdida de capacidad física superior del 50%, a personas que estaban en óptimas condiciones de servicio.
“Con estos documentos, las juntas médicas ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional habrían sido inducidas a error y reconocieron pensiones e indemnizaciones a quienes no cumplían con los requisitos”, añadió la Fiscalía.
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