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El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue reprogramado para el próximo jueves 13 de febrero, tras la acción de tutela que interpuso el exmandatario ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando vulneración a su derecho al debido proceso y a una administración de justicia imparcial. Frente a esta situación, el abogado penalista Iván Cancino expresó sus preocupaciones sobre la conducción del caso y la imparcialidad de la jueza en entrevista en La FM de RCN.
“Aquí hay que mirar varios factores, sobre todo el por qué se llega a esta altura del partido apenas a iniciar el juicio”, afirmó Cancino. Señaló que la Fiscalía General de la Nación había solicitado en dos ocasiones la preclusión del proceso contra Uribe, al no encontrar méritos para continuar con la investigación. En este sentido, indicó que el tiempo transcurrido no ha sido responsabilidad de la defensa, sino del ente acusador.
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Sobre la recusación de la jueza del caso, Cancino resaltó que se han presentado decisiones que podrían ser interpretadas como cuestionables en términos de imparcialidad. “Se han visto actividades que, por lo menos, cuestionan la imparcialidad”, dijo, y mencionó la negación de una nulidad de plano que posteriormente fue revocada por el tribunal. “Se vio una argumentación muy sólida como exige la ley, con evidencias y argumentos jurídicos”, agregó, señalando que el Tribunal Superior concedió la tutela que ordenó revisar la recusación.
En cuanto a la percepción internacional del caso, el abogado destacó la importancia de preservar la imagen de un sistema judicial sólido y respetuoso de las garantías procesales. “En un juicio tan importante y con los ojos internacionales puestos en él, es donde más se debe mostrar la solidez del sistema procesal colombiano”, afirmó. Agregó que una condena que viole garantías podría generar nulidades, afectando a todas las partes involucradas.
Otro punto que criticó fue la posibilidad de que la jueza solicite a la Defensoría Pública un abogado de oficio en caso de que los abogados de Uribe no se presenten. Cancino consideró que esta acción podría vulnerar múltiples derechos. “La Defensoría Pública no está para reemplazar a los abogados privados ni para ser auxiliar de la justicia”, enfatizó. Asimismo, advirtió que no se podría asignar un defensor sin darle el tiempo suficiente para estudiar el expediente.
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Sobre la recusación de la jueza, explicó que la tutela presentada por la defensa busca que se le dé trámite a la recusación y que, en caso de ser aceptada, el caso pase a otro juez. “Si se decreta fundada, se retira a esta funcionaria del conocimiento del proceso; si se decreta infundada, ella seguirá conociendo de la actuación”, aclaró.
Cancino también mencionó que el caso de Uribe ha estado rodeado de influencia política y mediática. “Es absolutamente claro que influenciadores y políticos han tratado de intervenir en este juicio”, advirtió que, aunque los jueces en Colombia han sido instruidos para no dejarse permear por estos factores, en este proceso han ocurrido situaciones que podrían sugerir lo contrario.
Finalmente, se refirió a la participación del senador Iván Cepeda en las audiencias, explicando que se generó una confusión cuando compartió el enlace privado de las partes, lo que colapsó el sistema. “Eso es bastante común, pero en este caso generó inconvenientes en el desarrollo de la audiencia”, concluyó.
