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En momentos en que el Gobierno Nacional está avanzando en las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN y otros grupos ilegales como las disidencias de las Farc, en el Congreso fue radicado un proyecto para reformar la ley de justicia y paz.
La iniciativa busca ampliar los alcances de la misma para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, reparación y no repetición, además de adecuarla para futuras desmovilizaciones de las organizaciones criminales.
En el proyecto se plantea establecer un límite temporal para el cierre de los procesos penales que se adelanten, lo cual agilizaría la toma decisiones y la resolución de la situación jurídica de los excombatientes.
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El senador Antonio Correa, autor de la propuesta, explicó que se “busca fortalecer justicia y paz, la ley 975, una ley que lleva 17 años pero se ha detectado una lentitud en los procedimientos, lo que ha hecho que las víctimas conozcan en un tiempo corto la verdad referente al conflicto”.
“Buscamos fortalecer este sistema de justicia y que podamos rápidamente encontrar la verdad, cumplir con la reparación y ver en manos de quien ha quedado esos bienes para las víctimas y la justicia como principio fundamental en cualquier proceso de sometimiento”, indicó.
Dijo además que este proyecto busca adecuar la normatividad que hoy está vigente en materia de justicia, para garantizar una eventual desmovilización del ELN, las disidencias de las Farc y de otros grupos armados ilegales que están dialogando con el Gobierno Nacional.
“Este mismo marco jurídico puede ser una herramienta legal para la paz que tanto anhela nuestro país con nuevos grupos que deseen someterse a la justicia”, sostuvo.
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Se plantea facilitar “los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y las organizaciones criminales de alto impacto, conforme lo definido en la Ley 2272 de 2022 y terceros relacionados con actividad de la organización”.
También se propone entregarle herramientas a los funcionarios judiciales para utilizar la prueba del polígrafo para corroborar la veracidad de las declaraciones entregadas ante la justicia, por quienes se acojan a los beneficios de la ley.
