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La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia contra el actual alcalde de Cali, Alejandro Eder, y su secretaria de hacienda, María Mercedes Prado Daza, ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por presunto prevaricato, falsedad, usurpación de funciones, interés ilícito en la celebración de contratos y suplantación de autoridad.
"El alcalde de Cali miente sobre la presunta existencia de un "contrato fantasma” de nueve millones de dólares por una asesoría técnica, de la cual a su juicio no quedó absolutamente nada suscrito con la multinacional alemana SAP. Todo hace parte de un complejo entramado de la actual administración municipal de Cali para quedarse con dicha contratación millonaria", expresó el vocero de la veeduría en su cuenta de X
El contrato tiene como fin lograr los servicios de la consultoría para migrar y transformar el Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial del Municipio de Santiago de Cali (SGAFT) y las funcionalidades para el manejo de los tributos distritales.
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El abogado Pablo Bustos, quien presentó la demanda, aseguró que los implicados pretenden suspender y terminar verbalmente el contrato sin tener en cuenta los procedimientos y causales de ley y aportando información no veraz a la Procuraduría General de la Nación.
Si bien, para Bustos, los funcionarios buscan que el contrato se suspenda inmediatamente, al parecer, de manera arbitraria y sin causa legal. "El alcalde y la secretaria con interés antiéticos piden descalificar el contrato en curso para poner su propio contratista".
Por ello, la veeduría pide que se investigue al alcalde y la secretaria por presunta comisión de conductas delictivas.
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"Tal suspensión se ha solicitado de manera verbal, y reiterada. A la fecha de presentación de la presente demanda hemos podido establecer que no existe ningún acto jurídico sancionatorio, y que tampoco existió informe técnico por parte del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, pese a que se ha dicho que existe uno por parte de la administración distrital, y este ente solo podría emitir un concepto técnico en la fase precontractual", se lee en la denuncia.
Los demandantes aseguran que a la fecha la administración municipal de Cali, no ha querido reunirse con el contratista para validar en la plataforma tecnológica el avance real del contrato en ejecución, que ha descalificado públicamente.
Incluso, se conoció que la secretaria de Hacienda presentó su renuncia, pero el alcalde Eder no aceptó la solicitud.
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