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Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, explicó por qué hasta ahora el país conoce que él, antes de ser jefe del ente acusador, ya había sido avisado del escándalo de la compañía multinacional Odebrecht y también explicó porque no denunció el caso. Respecto al conocimiento del caso fue Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la concesión Ruta del Sol, quien dejó una grabación dando cuenta de la situación.
Según dijo Martínez, la reunión con Pizano tuvo lugar el 19 de agosto de 2015, a las 8 y 30 de la mañana en la oficina privada de quien luego se convertiría en fiscal general de la Nación.
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"El caso está fluyendo normalmente en la Fiscalía por donde debe fluir. La Fiscalía tiene más de dos millones de casos y esos casos no llegan al despacho del fiscal general, ninguno. Esos casos se distribuyen al interior de los más de 5.000 fiscales que tiene la Fiscalía. Y esos casos los investigan los fiscales de conocimiento y dicta la Constitución de manera autónoma e independiente. Excepcionalmente un caso llega al despacho del fiscal para los efectos que el fiscal, por ejemplo, como ocurrió en este caso, acepte un principio de oportunidad o una negociación", señaló Martínez.
"En este caso en particular, tan han seguido su curso normalmente, que ha sido la Fiscalía la que logró identificar que había habido contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora Ruta del Sol. Fue la Fiscalía General de la Nación, aquí no ha sido ningún tercero, ni ningún investigador privado, ni ningún acucioso analista, que haya dicho 'aquí encontramos estos contratos'. Fue la Fiscalía General el 25 de julio de 2017", agregó.
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Ese día, el ente acusador informó: "La Fiscalía ha venido adelantando diversas investigaciones sobre los pagos irregulares efectuados por Odebrecht, relacionados con Colombia, para la adjudicación de contratos de obra pública. Según la información revelada el pasado 21 de diciembre de 2016 por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los mismos habrían ascendido en el país a la suma de US$11,1 millones de dólares, esto es alrededor de $21.550 millones de pesos de la época".
El ente acusador encontró un pago de US $6,5 millones de dólares ( $12.350 millones de pesos) relacionado con la adjudicación del Contrato de Concesión de la denominada Ruta del Sol - Tramo Dos, y un pago de US$4,6 millones de dólares ($9.200 millones de pesos) relacionado con la adición contractual a dicho contrato para llevar a cabo la vía Ocaña Gamarra.
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Frente al pago de los US $6,5 millones la Fiscalía capturó al ex Viceministro de Transporte Gabriel García Morales y a los señores Enrique y Eduardo Ghisays Manzur. Frente al caso de la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, la Fiscalía capturó al exsenador Otto Nicolás Bula Bula, al ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Juan Sebastián Correa Echeverri, y a los señores Gustavo Urrego Contreras y César Hernández.
Con posterioridad a estas capturas, la Fiscalía General de la Nación continuó investigando si en adición a los mencionados US$11,1 millones de dólares, existieron pagos adicionales relacionados con hechos de corrupción.
Escuche la entrevista completa con Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación
El resultado de dichas investigaciones ha permitido a la fecha el recaudo de evidencias materiales probatorias que permiten inferir razonablemente que para la adición de la Ruta Ocaña Gamarra y respecto de la cual se habrían pagado US $4,6 millones de dólares por conducto del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en el exterior, dicha multinacional habría efectuado pagos adicionales por la suma de $34.653 millones de pesos, a través de sus filiales en Colombia.
Para tal efecto, durante los años 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de las sociedades colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el Consorcio Constructor Ruta del Sol – CONSOL, filiales de Odebrecht, se llevaron a cabo pagos relacionados con la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, a través de contratos simulados, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que –según las evidencias recaudadas no se habrían ejecutado ni prestado.
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