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Inicialmente, el Ministerio Público consideró que los procesados "podrían no comparecer al proceso penal en razón a que algunos de ellos, registran varias salidas del país, pero en mayor proporción en el caso de los considerados directivos de la compañía".
En torno a dicha afirmación, la Procuraduría aclaró que dicha situación generaría una "intención de evadir a la justicia, debido a que al encontrase en libertad, los investigados estarían en situación se borrar evidencias, o influenciar testigos".
Por su parte, Ana María Guillen, abogada de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, manifestó que "ninguno de los imputados ha mostrado una actitud que indique la intención de cooperar o resarcir los daños ocasionados a las posibles víctimas con sus actuaciones".
En ese sentido, la abogada recalcó que los investigados "tienen la facultad de influenciar a falsos testigos y obstruir la obtención de elementos materiales probatorios y evidencia física que permita conseguir una efectiva justicia material".
La juez 26 de garantías escuchó los argumentos de los abogados defensores para que no se imponga medida de aseguramiento a los investigados por el escándalo de las libranzas.
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