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La Procuraduría General le solicitó formalmente al Consejo de Estado declarar la pérdida de investidura al excongresista Musa Besaile por su responsabilidad en el hecho de corrupción conocido como el 'Cartel de la toga’.
El procurador delegado, Nicolás Yepes, explicó ante los magistrados que el excongresista del Partido de La U al parecer incurrió en una indebida destinación de recursos públicos.
El delegado del Ministerio Público se refirió a los dineros destinados para la salud en el departamento de Córdoba que supuestamente fueron usados por Besaile para financiar parte de su campaña política.
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Esto con el único objetivo de frenar una orden de captura emitida en su contra por la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por la 'parapolítica'.
Sin embargo, el abogado Víctor Mosquera -quien representa al exsenador- señaló que no existen pruebas contundentes, argumentando que no ha terminado el proceso penal que se adelanta en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
“Creemos que el Consejo de Estado no podrá determinar ninguna decisión en contra porque aún se presume la inocencia del señor Musa y aún no hay un reproche ético en este momento”, argumentó.
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El abogado se refirió al proceso penal, "la teoría del caso es que él fue extorsionado y la teoría es determinar si fue una extorsión o cohecho y eso es resorte de la Corte Suprema. El Consejo de Estado debe determinar si él como congresista influyó o no en ciertos funcionarios públicos y eso está muy distante”.
La demanda contra Besaile fue presentada por la Red de Veedurías Ciudadana y en ella se sustenta que habría incurrido en el delito de cohecho al momento de pagar un soborno por 2.000 millones de pesos con el fin de evitar una captura en su contra por un proceso por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia que se encontraba en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo.
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