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Ante el Consejo de Estado la Procuraduría radicó la demanda de pérdida de investidura contra la congresista Aida Merlano, quien es investida por delitos electorales relacionados a una supuesta compra de votos en las pasadas elecciones legislativas.
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En el documento de 37 folios, el procurador Fernando Carrillo también pidió al Alto Tribunal que se excluya a los siguientes congresistas en la lista por el partido Conservador para ocupar el puesto de Merlano en el Congreso.
“Se excluya igualmente, para ser llamados a reemplazar a la demandante en la Corporación, los integrantes de la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano para la circunscripción nacional al Senado de la República”, puntualiza el documento.
Así mismo el Ministerio Publico solicita que se anulen cada una de las resoluciones que declararon a Merlano como congresista para el periodo 2018- 2022.
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La demanda de la Procuraduría sería la tercera que radica ante el Alto Tribunal.
Carlos Alberto Zambrano, Roberto Serrano y Alberto Yepes son los magistrados encargados de cada caso, Yepes tiene a su cargo la demanda que anunció el procurador Carrillo y que le correspondió interponer al procurador 51 judicial II, Rodrigo Alfonso Bustos.
Las tres demandas piden al Consejo de Estado declarar la muerte política de la congresista, quien actualmente se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por los delitos de corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.
La investigación se inició tras un allanamiento por parte de los miembros del CTI de la Fiscalía a su sede de campaña ubicada en Barranquilla, donde se encontraron armas de fuego, 261 millones de pesos en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales.
En contra de Merlano existe un testigo clave, que solicitó protección de la justicia, quien ha asegurado ante la Corte y ante la Fiscalía que ella siempre estuvo enterada sobre la compra de votos para su elección.
Su trabajo en la organización era presuntamente el de captar votos a favor de Merlano para las elecciones, por dicha labor recibía 150 mil pesos en efectivo mensuales.
