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El representante del Ministerio Público respaldó la solicitud de medida de aseguramiento para el alcalde de Rioacha, capital de la Guajira, Fabio Velásquez, y la secretaria municipal de educación, Dilcey Acosta, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para alimentación escolar en los colegios cobijados por la administración, y del cual se desviaron $1.176 millones en 2016.
La diligencia se adelanta ante el juez 81 de garantías de Bogotá, y en marco del proceso, la Fiscalía ha imputado los delitos peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, al indicarse que se presentaron posibles inconsistencias en la firma del contrato con el proponente final, y los recursos utilizados para tal fin.
La administración de la ciudad estableció el convenio 002 de 2016 con el proponente Asocar, por cerca de 5 mil millones de pesos y el cual beneficiaría a 16 mil niños en el Programa de Alimentación Escolar PAE, pero que parte de esos recursos presuntamente fueron desviados de su propósito principal.
La Procuraduría señaló que están dados todos los elementos legales dispuestos para dictar la medida de aseguramiento contra los dos funcionarios, por no adelantar labores de vigilancia sobre los recursos que se estaban invirtiendo, máxime cuando se trata de un programa en beneficio de la infancia y de gran importancia para el Estado.
El ministerio público además solicitó que los dos funcionarios sean recluidos en una cárcel de Rioacha, pero que no se les conceda la libertad en razón a los graves hechos que se investigan.
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