Didier Lobo Chinchilla, senador de Cambio Radical
Didier Lobo Chinchilla, senador de Cambio Radical
Foto de la cuenta en Facebook del senador
25 Ene 2021 10:16 AM

Procuraduría ratifica sanción de contra el senador Didier Lobo

El político es sancionado por irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes. 
Johana Rodríguez
Johana
Rodríguez
@joharodri4

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción de suspensión, por el término de seis meses, para ejercer cargos públicos, al actual senador del partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, por irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes. 

Las investigaciones en su contra iniciaron en 2018 por sobrecostos de más de 3.000 millones de pesos en paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos o en riesgo de malnutrición, y de madres lactantes y gestantes.

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Los hechos sucedieron cuando Lobo se desempeñó, como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, para el período 2012-2015. 

En un comunicado que la Procuraduría emitió el año pasado, se advirtió que “Lobo Chinchilla no actuó con diligencia y vulneró los principios de economía y de responsabilidad que rigen la contratación estatal”. 

En el fallo de la Procuraduría se advierte que el hoy congresista, siendo alcalde, “permitió un detrimento del presupuesto oficial destinado para la adquisición de los complementos nutricionales con costos superiores a los bienes entregados. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave”. 

En la misma decisión, la Procuraduría dejó en firme la sanción impuesta a la entonces secretaria de Salud de ese municipio, Cenith Mireya Echávez Ospino, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, por 10 años.

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Según el fallo, la exfuncionaria omitió sus funciones, permitiendo que “se realizaran de forma irregular los estudios previos, que sirvieron para establecer el presupuesto oficial y adelantar la Licitación Pública 004 de 2012 y la posterior celebración del Contrato No. 340, con sobrecostos superiores a los $3.900 millones”. 

Lo que concluyó la Procuraduría, en ese caso, fue que la entonces secretaria, “vulneró el principio de responsabilidad por no realizar un análisis de mercado y costos que permitiera establecer los valores reales de los productos adquiridos”, conllevando a los sobrecostos.