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Según el documento firmado por el procurador Fernando Carrillo, la Corte Constitucional tendría que abstenerse ante esta demanda, al considerar que el denominado plebliscito para la paz y sus resultados carecen de fundamentos.
“Se encuentra que un pronunciamiento que invalide el plebiscito no tendría consecuencias prácticas frente al acuerdo de paz vigente, es decir, la invalidación del pronunciamiento popular tendría efectos frente a la política pública respecto de la que se le consultó al pueblo y no de la actual. Así, un fallo judicial resultaría inane”, señala el concepto.
En la demanda presentada ante el alto tribunal, los actores pretendían que se repitiera dicho proceso electoral al considerar que no hubo tiempo para socializar los acuerdos de paz y además no se tuvieron en cuenta a las comunidades étnicas para que las mismas pudieran inscribir sus cédulas y ejercer su derecho constitucional.
Señaló la Procuraduría en su concepto que actualmente ya existe un proceso de implementación de los acuerdos tras la renegociación de los mismos y por lo tanto “un eventual decaimiento del plebiscito, en nada afectaría las decisiones que han acogido la nueva política pública de paz y su implementación por aquellos y, en suma, carecería de todo efecto”.
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