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Para el jefe del Ministerio Público, la senadora electa Aida Merlano “deberá ser investigada disciplinaria y penalmente por conductas relacionadas con la compra de votos y fraude procesal".
Carrillo también radicó una solicitud ante la Comisión Departamental Electoral del Atlántico para que “se abstenga de expedir la declaratoria de elección de Merlano Rebolledo como senadora de la República”.
También anunció que solicitará al Consejo Nacional Electoral “una investigación por posible violación al régimen de topes de campaña y conductas atentatorias contra la legalidad en materia de financiación”.
Estas solicitudes radican en los dineros en efectivo y las armas que se encontraron en su sede de campaña el pasado 11 de marzo por parte de agentes del CTI de la Fiscalía, quienes se tomaron el lugar por denuncias relacionadas a delitos electorales.
Durante las diligencias de inspección, agentes del CTI encontraron más de $260 millones en efectivo, mercados empacados, armas de fuego y certificados electorales.
Por los hechos, la Procuraduría decidió suspenderla por el término de tres meses mientras se adelantan las investigaciones.
La Fiscalía también compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue los hechos “que involucrarían una afectación a los derechos políticos y a la libre participación democrática”, según el Ministerio Publico.
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