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La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un convenio para la venta y distribución de aguardiente, que tuvo un costo de más de $18 mil millones de pesos.
Según la investigación, dicho contrato de venta y distribución de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño fue adjudicada a la Organización de Licores de Nariño y autorizada por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016.
Lo que reprocha la Procuraduría es que, al parecer, la Gobernación no esperó otras propuestas para la adjudicación del contrato de venta y tampoco verificó que “la empresa contratante consignara la totalidad de las garantías para cubrir los $18.000 millones de pesos”.
Dicha investigación también cobija a Mario Fernando Benavides en su calidad de gobernador encargado de Nariño para la fecha en que ocurrieron los hechos, y Adriana Milena Amaya como subsecretaria de Rentas del departamento.
En octubre del año pasado la Fiscalía anunció una imputación por los hechos que involucrarían delitos de falsedad en documento, peculado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.
“El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”, señaló en su momento la Fiscalía a través de un comunicado.
Romero Galeano, gobernador electo de Nariño, fue uno de los tres precandidatos presidenciales de la Alianza Verde.
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