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La Procuraduría abrió una nueva investigación contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Guaviare, Joaquín Mendieta Silguero, quien, al parecer, tenía conocimiento de los casos de abuso sexual contra menores de edad de las comunidades indígenas del departamento que, presuntamente, fueron cometidos por miembros del Ejército Nacional.
La entidad citó a versión libre y voluntaria al funcionario el próximo 23 de enero a las 9 de la mañana ante el procurador de instrucción regional, pues el organismo de control considera que Mendieta omitió sus deberes y compromisos de protección de la infancia.
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"Al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias", menciona el oficio de la Procuraduría.
Este es un nuevo capítulo de las investigaciones que adelanta la entidad para esclarecer estos casos que han sido denunciados desde el año 2019, por lo que la Procuraduría solicitó al ICBF regional en Guaviare que entregue información sobre las actuaciones administrativas que ha realizado entre el 2022 y el 2023, para avanzar en el proceso de restablecimiento de los derechos de las comunidades indígenas a las que pertenecen las víctimas de los casos de violencia sexual.
Además, solicitó que le fueran entregadas las copias de las denuncias penales que presentaron los funcionarios de la institución de protección de la infancia por los casos de abuso. La Procuraduría ya adelanta varas investigaciones y procesos con respecto a estas denuncias.
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Recientemente, el Ministerio Público vinculó a ocho agentes del Ejército Nacional (dos suboficiales y seis soldados) que estuvieron activos y pertenecieron al Batallón de Infantería de Selva No. 18 “José Joaquín París” y que serían los presuntos responsables de abusar sexualmente contra una menor de 15 años de la comunidad Nukak Makú que al parecer sucedió en septiembre del 2019.
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