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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades con la gestión predial en el proceso de compra de algunos inmuebles en San Marcos (Sucre).
El procurador delegado afirmó que según información en medios de comunicación, se habrían firmado documentos sin que se cumplieran todos los requisitos necesarios en el proceso de adquisición de los predios en 2023 y por un monto cercano a los $17 mil millones.
El organismo también señaló que revisará la supuesta denuncia que interpuso el actual director de la entidad, Juan Felipe Harman, contra los funcionarios que adelantaron el trámite, entre ellos su antecesor en el cargo, Gerardo Vega Medina, además de las notas devolutivas de la sede de la oficina en San Marcos.
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De acuerdo con la Procuraduría, en esos informes que están adjuntos en la denuncia que instauró el director Harman, estarían documentadas las supuestas inconsistencias sobre el proceso de compra de tierras en esa zona del departamento de Sucre.
La Procuraduría afirmó la indagación previa busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si esa situación es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron teniendo en cuenta las irregularidades en las que podrían haber incurrido.
Por este caso, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) indicaron que son bienes fiscales patrimoniales que forman parte del Fondo de Tierras, por lo que es responsabilidad de la agencia asignarlos a los sujetos de ordenamiento social de la propiedad.
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“La nota devolutiva emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Marcos correspondió a un trámite posterior dirigido a englobar todos los predios adquiridos, en la que indica que, para efectos prácticos, se revisen algunas de las anotaciones de uno de los folios de matrícula, frente a lo cual la Agencia Nacional de Tierras se encuentra adelantando los trámites administrativos correspondientes para atender la recomendación de la Oficina de Registro”, aseguró el documento.
La Procuraduría General de la Nación continuará con el proceso de indagación para establecer la presunta responsabilidad de funcionarios en las presuntas irregularidades.
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