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Al parecer, en el marco del contrato 620 de 2010 para el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del Sistema Integrado de videovigilancia del Distrito Capital se suscribieron varios otrosíes en los cuales se evidencias posibles irregularidades relacionadas a continuación:
Inicialmente se advierten presuntos sobrecostos en la adquisición de 32 cámaras tipo domo, cuyo valor sobrepasó los 102 millones de pesos, adquiridas a través del otrosí nro. 1, firmado por el señor Sotelo Villamil, lo que evidencia una posible vulneración del principio de planeación.
Adicionalmente dicha compra no habría sido debidamente justificada, pues de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso no se estableció que el subsistema de videovigilancia requería dichos equipos.
Entre tanto, mediante el otrosí nro. 3 se habría avalado la adquisición de elementos software y CPU de los equipos de videovigilancia para patrullas, por un valor superior a los 1000 millones de pesos, situación en la que se advierten un posible sobrecosto y una posible falta de planeación, pues no se habría adelantado un adecuado estudio financiero.
De otra parte se advirtieron deficiencias en la supervisión del contrato 620 de 2010, pues se habrían presentado incumplimientos en la entrega de 11 cámaras de vigilancia de la ciudad de Bogotá, en la instalación del Sistema de Video Vigilancia en colegios, así como la instalación del SIV en las motos de la Policía Nacional.
Así mismo, hacia finales del año 2012, en desarrollo de la supervisión a este contrato no se habría determinado la funcionalidad en ninguno de los subsistemas de videovigilancia que integraban el objeto del contrato 620 de 2010.
En el marco de la investigación disciplinaria, la Procuraduría ordenó compulsar copias de la investigación disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Distrital de Bogotá para que se adelanten las acciones legales correspondientes respecto de algunos hechos mencionados y otros complementarios que surgieron en desarrollo del proceso disciplinario y se investigue, además, la presunta responsabilidad de otras personas.
