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La Procuraduría General se opuso a la posibilidad que el caso del excongresista Alvaro Ashton, implicado en el escándalo del ‘cartel de la toga’, acceda a los beneficios jurídicos que proporciona la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para el Ministerio Público existen pruebas suficientes que concluyen que el exsenador liberal habría pagado millonarias sumas de dinero para frenar el proceso por 'parapolítica' que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia.
En el pliego de cargo, la Procuraduría calificó la conducta de Ashton como una falta gravísima que no debería ser revisada por la jurisdicción especial, la cual conceptuó que los delitos de la parapolítica si están relacionados con el conflicto armado como un actor externo.
En la formulación de cargos que hace el Ministerio Público contra el exsenador y que abren la puerta para el inicio de un juicio disciplinario en su contra, se tiene en cuenta el testimonio del exjefe de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
En su momento Moreno confesó ante la Fiscalía y la Procuraduría la forma de actuar del denominado ‘cartel de la toga’ y señaló a Ashton de haber pagado supuestamente, cerca de 600 millones de pesos, para frenar o torcer el proceso por parapolítica.
Según dichas declaraciones, los dineros iban dirigidos en su mayoría, a los magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo de la Sala Penal de la Corte.
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La investigación por parapolítica en la Corte inició cuando Ashton se desempeñaba como representante a la Cámara. Según las pruebas al parecer tuvo vínculos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Supuestamente Ashton buscaba apoyo político por parte de los grupos paramilitares para lograr una curul en el Senado de la República para el periodo 2006 - 2010. El delito por el cual se le sindica es el de concierto para delinquir.
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