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La Procuraduría General de la Nación entregó un oficio al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, el pasado 21 de septiembre, reiterándole la solicitud de información sobre las actuaciones de la Policía en las marchas del 9 y 10 de septiembre tras la muerte del abogado Javier Ordoñez.
Fuentes de la Procuraduría señalaron que al momento no han recibido esa información, trascendental en las investigaciones contra uniformados, por supuesto abuso de autoridad en esas manifestaciones.
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La información que el organismo esta solicitando es la relación de las armas letales y no letales que fueron usadas por los informados para identificar a cada policía que las uso.
“Informar a esta Procuraduría si la Policía Nacional cuenta con registro balístico de las armas de propiedad de la institución”, dice el documento.
También se pide información sobre los reportes de los uniformados respecto a las afectaciones a los CAI y si los uniformados reportaron las personas lesionadas o víctimas letales de esas manifestaciones.
La Procuraduría pidió a la Policía Nacional una copia de todas las imágenes, videos, copias de las grabaciones de radio que se produjeron los días de las protestas.
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Así mismo, una copia de las directrices u órdenes institucionales impartidas por la Dirección General de la Policía Nacional y los diferentes comandos adscritos a los lugares donde ocurrieron los hechos.
Según el documento que la Procuraduría envió al general Atehortúa, esa información es trascendental “para identificar a los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente se excedieron en el uso de la fuerza durante las protestas ocurridas en el país durante los días 9 y 10 de septiembre de 2020”.
Sobre esas informaciones, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había respondido a la Procuraduría que su entidad no emitía protocolos en materia de uso de fuerza, dado a que esa competencia operativa le correspondía a la Policía Nacional.
