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La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria, a finales de 2020, contra el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, contra Astrid Salamanca, directora administrativa, contra Silvia Meneses, jefe de la división de bienes y servicios, y otros cuatro funcionarios, por el presunto direccionamiento de una licitación pública, en 2019, por 3.649 millones de pesos.
El caso por el que se les abre investigación guarda relación con una denuncia que realizó el arquitecto John Jairo Pinzón Díaz sobre un "presunto direccionamiento en el proceso de contratación de la licitación pública LP002-19" que tenía como objeto contratar las reparaciones locativas de las fachadas del capitolio nacional.
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Para esta licitación, en su momento, fue elegido el Consorcio NPU, representado por Samuel Carrillo Rojas, y en el histórico del proceso se hicieron observaciones sobre requisitos que supuestamente restringían la pluralidad de oferentes, rechazados por la institución.
El Ministerio Público había abierto una indagación preliminar desde setiembre de 2019 por el supuesto direccionamiento en este proceso que sólo contó con un único oferente: el Consorcio NPU integrado por Nace Ingeniería, Grupo Constructor Prisma y Universal SEC SAS. Los otros de los investigados son los contratistas que, para la época, evaluaban las ofertas y participaron en la elaboración de los estudios previos.
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