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La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, confirmó que ya hizo la solicitud para que se avance desde Bogotá y se logre esclarecer el crimen de la lideresa social, María del Pilar Hurtado, en hechos ocurridos en el municipio de Tierralta.
Al mismo tiempo, Cabello Blanco pidió celeridad en las investigaciones para establecer si hubo participación de funcionarios públicos, por omisión u acción, en este hecho violento.
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“El objetivo es evitar la impunidad en nuestro país, acuérdense que la Procuraduría investiga a los funcionarios públicos por el no cumplimiento adecuado de las normas que rigen la función pública”, expresó la Procuradora.
Dijo que actualmente hay 22 aperturas de investigaciones disciplinarias contra funcionarios en el país, las cuales están en curso y van avanzando a buen ritmo.
Cabe recordar en el mes de septiembre de este año, un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento condenó a una integrante del Clan del Golfo que participó en la planeación y ejecución del homicidio de la líder social, María del Pilar Hurtado, ocurrido el 21 de junio de 20219 el barrio Nueve de Agosto.
Se trata de María Angélica Gómez Isidro, alias' Paraca Loca' o 'Yesenia', quien fue condenada a 22 años, siete meses y 20 días de prisión, como responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios.
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La Procuradora Cabello estuvo este lunes en Montería para dar apertura al espacio y diálogo abierto con los líderes y representantes de las organizaciones sociales, entidades del Estado y organizaciones internacionales participantes.
Allí se trataron temas como prevención frente a los riesgos latentes en las comunidades por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales y de la fuerza pública; protección, en relación con las medidas que está tomando u omitiendo el Estado para garantizar la seguridad de los líderes, lideresas y sus comunidades
También analizaron la investigación con relación con el avance de los procesos judiciales y disciplinarios que llevan Procuraduría y Fiscalía, y las oportunidades de mejora en la materia, así como garantías de no repetición, en cuanto a celeridad en los procesos y articulación entre diferentes entidades para evitar la revictimización.
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