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El proceso disciplinario contra el general Óscar Atehortúa por irregularidades en un contrato para la construcción de viviendas fiscales de la Policía en el Tolima, está a punto de entrar en su recta final.
RCN Radio conoció por fuentes de la Procuraduría que solo falta escuchar 14 testimonios en el juicio, que podrían terminarse antes de los siguientes tres meses.
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Cabe mencionar que entre los testigos está el supervisor de las obras y el contratista del proyecto, los cuales serían los últimos dentro del proceso, según indicó la Procuraduría.
Posteriormente, esa entidad anunciará el sentido del fallo disciplinario contra el oficial quien en las últimas horas fue relevado de su cargo de director de esa institución.
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El expediente contra el general Atehortúa inició después de las denuncias del general William Salamanca, entonces inspector general de la Policía, quien reveló supuestos procedimientos irregulares en la ejecución de ese proyecto de viviendas fiscales.
Cabe mencionar que en el marco de esas investigaciones, recientemente la Procuraduría inspeccionó las instalaciones de la Policía Nacional para verificar denuncias hechas por el inspector, sobre una posible alteración en los sistemas de investigación de la entidad que supuestamente estaban a su cargo.
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Esa entidad busca comprobar si en ese sistema hubo modificaciones o alteraciones a la investigación, que en un principio estaba en manos del inspector William Salamanca.
Ese oficial señaló que a raíz de esos hechos ha sido víctima de seguimientos y amenazas en su contra de su vida y la de su familia, al igual que un grupo de investigadores a su cargo que también ha sido intimidado
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“He venido notando seguimientos, movimientos extraños en torno a mi casa (…) mi vida está en peligro y la de mi familia, pero también la vida de unos hombres que están cumpliendo con su labor constitucional y legal”, dijo el general William Salamanca, en una de las audiencias de juicio contra el también general, Óscar Atehortúa.
En esa oportunidad, Salamanca le pidió a la Procuraduría garantías de seguridad de su vida, la de su familia y los investigadores, además de que se acompañe o vigilen las investigaciones que adelanta la Policía Nacional sobre ese presunto caso de corrupción.
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