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A través de una misiva enviada a la magistrada Caterina Heyck (de la JEP), la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Salazar Cuéllar, le hizo un llamado a concentrarse en las tutelas interpuestas contra las decisiones de dicha jurisdicción.
La sala penal dice que la Jurisdicción Especial, creada para juzgar a exguerrilleros de las Farc y agentes del Estado procesados por hechos del conflicto armado, solo tiene competencia en dicha jurisdicción.
El pronunciamiento se da porque la JEP había vinculado a la Corte en un proceso de tutela interpuesto por un oficial de Policía condenado por la justicia ordinaria, que solicitó a la JEP respuestas sobre su solicitud de acogimiento.
Para la Corte, el caso debe conocerse en la JEP y no en la justicia ordinaria, debido a que dicha jurisdicción no le ha respondido al oficial sobre su requerimiento.
"Materialmente ninguna de más acciones u omisiones descritas por el accionante como vulneradoras de sus derechos fundamentales, son atribuidas a la Sala de Casación Penal de esta Corporación", señaló.
En ese sentido, la Corte asegura que si el Tribunal para la Paz llegase a conocer de una tutela contra la decisión de cualquier otra autoridad judicial, la JEP deberá remitir al juez competente dicho requerimiento.
Y responde sobre la "vinculación" de la Corte en el proceso del oficial así: "encuentro inconsistente que deba activarse en derecho de defensa y contradicción frente a requerimientos sobre los cuales no tiene injerencia".
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