Presuntos implicados con redes de contrabando de ‘Papá Pitufo’ quedarían en libertad

Una juez de Bogotá negó la apelación realizada por la Fiscalía General de la Nación con la que buscaba que se prorrogara la medida de aseguramiento contra Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien aparece en los organigramas de las autoridades como supuestamente la segunda cabeza en la red de contrabando que durante varios años lideró Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Alias El Bendecido fue capturado el pasado 14 de marzo, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos, pese a ser considerado como una pieza clave en esta estructura criminal, de la cual su máximo jefe alias Papá Pitufo sigue detenido en Portugal a la espera de que se defina su solicitud de asilo al gobierno de Portugal y su eventual extradición a Colombia.

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Esta decisión también favorece al mayor retirado Mario Sarmiento Rojas quien fungió como secretario de la dirección de gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el general retirado, Alexander Galeano Ardila y el ex intendente de la Policía Nacional José Elí Alzate Moncayo, alias “Alejo”.

En el expediente se señala que esta organización criminal: “Con el fin de introducir mercancía de manera ilegal al país, como licores, textiles, cigarrillos, zapatos entre otros desde los puertos de Cartagena y Buenaventura, para transportar y distribuir a países de la región como Ecuador y Venezuela, alinearon interés con servidores públicos que contralaban el ingreso y legalidad de dichas mercancías a través de la captación, modus operandi que se caracterizaba por intervenir de manera corrupta los entes de control aduanero, Polfa y Dian”.

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“Se realizaba de manera premeditada aprovechando las funciones activas que prestaba Sarmiento Rojas en su calidad de mayor de la Policía Nacional, de las influencias que tenía el general en retiro Galeano Ardila”, indica el expediente.

En torno al papel del intendente José Elí Alzate se señala que “era el encargado de transportar dinero por todo el país para pagar coimas a varios servidores públicos, además de otros bienes que se utilizaban para ese mismo fin, como automotores, equipos de comunicación clandestina, apartamentos y demás lujos ofrecidos a funcionarios estatales, para que se permitiera la actividad delictiva sin ninguna intervención legal.

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La decisión fue adoptada por parte de la juez 48 penal del circuito de conocimiento de Bogotá,  Diana Salazar Puentes quien concluyo: “Quien solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento no acreditó con suficiencia la concurrencia de los presupuestos necesarios para su procedencia, como le era exigible en el marco de un proceso adversarial, de justicia rogada, y por tanto se confirmará la decisión objeto de impugnación”.