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No cesa la polémica por el sonado caso del videobillete del senador Gustavo Petro Urrego, situación que tiene en aprietos al líder de Colombia Humana.
Hoy se conoció que volvió a estar en el radar nacional Daniel Barrera, conocido como 'El Loco Barrera', un narcotraficante recluido en Estados Unidos, por cuenta de este sonado caso.
El ‘Loco’ fue señalado presuntamente de haberle entregado los billetes al excandidato presidencial. Sin embargo, el narcotraficante a través de una carta, enviada a la Fiscalía General de la Nación y con copia a la Corte Suprema de Justicia, negó que él le haya entregado dinero alguno al senador.
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“Respetuosamente manifiesto a la Fiscalía que nunca he tenido relación alguna con el mencionado senador, como tampoco suministré dinero, financiación o ayuda alguna al referido", señala la carta.
Aun así, después de que se dio a conocer la misiva se presentaron ciertos cuestionamientos frente al caso. Uno de ellos fue las acciones que hizo la Fiscalía General de la Nación para lograr una entrevista con el extraditado narcotraficante.
Frente a esto, la revista Semana dio a conocer una carta rogativa en la que la Fiscalía le pide a la justicia de Estados Unidos acceso para poder hablar con Barrera.
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De acuerdo con la misiva, el ente investigador le solicitó al Departamento de Justicia norteamericano la entrada de los fiscales Leonardo Armando Colmenares y Daniel Ricardo Hernández, fiscal 6 ante el circuito de Bogotá y fiscal 7 delegado ante el Tribunal de Bogotá para escuchar en declaración jurada al ‘Loco’ Barrera, en la ciudad de Nueva York.
Asimismo, otro de los puntos de la carta de la Fiscalía señala que la entrevista al narcotraficante se hace por una investigación preliminar por tres delitos: cohecho impropio, lavado de activos y concierto para delinquir. Llama la atención que el primer delito es adjudicado solo a funcionarios públicos, lo que resulta curioso ya que según la investigación, los fiscales están a cargo de lo relacionado con los particulares involucrados en el video del senador y no directamente con el caso de Gustavo Petro, quien solo puede ser investigado por la Corte Suprema de Justicia.
La misiva asegura que las indagaciones están ligadas a “funcionarios públicos en este caso adscritos al Congreso de la República, facultados para hacer leyes”, es decir, se estaría haciendo referencia al excandidato presidencial, ya que ni el ingeniero Juan Carlos Montes ni el arquitecto Simón Vélez hacen parte de la esfera política.
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