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Además del proceso por presunta manipulación de testigos que lo mantiene bajo detención domiciliaria, el exsenador Álvaro Uribe enfrenta, ante la Corte Suprema de Justicia, dos investigaciones a las que fue vinculado por las masacres de La Granja y El Aro (Antioquia, cometidas en 1996 y 1997, respectivamente) y el homicidio del del defensor de DD.HH. Jesús Valle Jaramillo (1998).
Las investigaciones se iniciaron en el año 2000 cuando la Fiscalía le abrió la investigación por posibles omisiones como gobernador de Antioquia, después de una solicitud de la entonces Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, frente a los hechos cometidos por paramilitares de la región.
El proceso se archivó pero revivió en 2012, por una denuncia penal contra Uribe que interpuso el senador Iván Cepeda, después de las declaraciones de alias ‘Alberto Guerrero’, excomandante del bloque paramilitar Cacique pipintá, quien señaló a Uribe y su hermano Santiago por la supuesta creación de grupos paramilitares.
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Desde 2012, el proceso por las masacres en Antioquia pasó de despacho en despacho, hasta que en el 2014 llegó a la Corte Suprema de Justicia, después de que Uribe fuera elegido senador para el periodo 2014-2018; le correspondió al magistrado Gustavo Malo, hoy procesado por corrupción.
Después de que Malo saliera de la Corte, tras ser procesado dentro del denominado 'Cartel de la toga', en 2018, el alto tribunal decidió revisar en qué iba ese proceso, lo reactivó y declaró los delitos como de lesa humanidad para que no prescribieran.
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Una vez creadas las salas de primera instancia, el proceso quedó en manos de la Sala de Instrucción, que citó al expresidente para ser escuchado en versión libre, el próximo 16 de septiembre.
Concretamente, el expresidente Uribe es investigado presuntas omisiones, siendo gobernador de Antioquia, en las masacres ocurridas en el municipio de San Roque, los días 13 de julio y17 de septiembre de 1996; las ocurridas en La Granja del municipio de Ituango (Antioquia) el 11 de junio de 1996 y la de El Aro, en el municipio de Ituango (Antioquia), entre el 22 y 31 de octubre de 1997.
También se investiga el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, ocurrida el 27 de febrero de 1998, tras denunciar las masacres de Ituango.
Ese proceso por presunta manipulación de testigos que tiene hoy al exsenador con una detención domiciliaria, es estudiando por la Corte Suprema de Justicia que evalúa si lo envía o no a la Fiscalía General de la Nación, tras la renuncia de Álvaro Uribe al Congreso de la República.
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