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Por corrupción del PAE en Santander, Fiscalía intensifica rastreo de dineros desviados

La Fiscalía General de la Nación continúa ofreciendo detalles sobre este nuevo escándalo de corrupción.

Actualizado:
Lunes, Noviembre 27, 2017 - 08:02
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Fiscalía / Colprensa.

Los investigadores de la Fiscalía avanzan en las labores para rastrear y recuperar los millonarios recursos que fueron desviados en el escándalo de corrupción del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que salpicó a varios funcionarios públicos y contratistas en el departamento de Santander

Una vez capturados Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación de la Gobernación ; Aníbal González Sánchez, coordinador del PAE Departamental y Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal del operador del servicio; los agentes de policía judicial incrementaron las indagaciones para perseguir los dineros que presuntamente se apropiaron en este caso.

En Santander, los fiscales detectaron anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016, entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el PAE por un valor total de 35 mil 750 millones de pesos y cuyos recursos estaban destinados a la alimentación de cerca de 125 mil estudiantes de escuelas y colegios de Santander.

La Fiscalía determinó que el contrato fue direccionado y se valió de toda una red de proveedores ficticios para adquirir productos perecederos en municipios apartados en los departamentos de Tolima, Huila y Meta cometiéndose un peculado superior a los 125 mil millones de pesos.

En desarrollo de las indagaciones, la policía judicial tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

Asimismo, la Fiscalía descubrió que otra parte de los recursos fueron consignados en la cuenta de la señora Catalina Trujillo, quien sería la hermana de Germán Trujillo Manrique, uno de los señalados contratistas vinculados a la investigación.

Igualmente, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias y establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada contratista que asumió junto al interventor designado para el PAE el programa 2016 y 2017, y se preparaban para contratar en el año 2018.