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Continúa generando polémica en los sectores políticos del país el contrato que con el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo el hoy magistrado César Reyes Medina, quien era el investigador del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.
Congresistas del Centro Democrático advierten que el funcionario judicial debió declararse impedido para adelantar la indagación contra el exmandatario, teniendo en cuenta que Uribe fue el principal opositor del proceso de paz y de la pasada administración.
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La senadora María del Rosario Guerra considera que el magistrado Reyes debería ser investigado por no haber declarado un conflicto de interés, según ella, parecido al que en su momento tuvo la magistrada Cristina Lombana.
“Nos encontramos con esta perla, un magistrado no solo debe ser, también debe parecer y en este caso lo que vemos es que sí hay un sesgo político, que al presidente Álvaro Uribe no se le dieron todas las garantías procesales, no tuvo la presunción de inocencia, se amañaron las filtraciones de los expedientes”, dijo.
“Esto exige que se investigue al magistrado por no haberse declarado impedido para participar como investigador del proceso del expresidente Álvaro Uribe”, añadió.
El representante Edward Rodríguez advierte que el investigador del caso Uribe debe dar explicaciones y la Comisión de Acusación debe indagar este asunto.
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“Muy grave que el magistrado Reyes no le haya dicho al país de sus vínculos contractuales con el gobierno de Juan Manuel Santos, puede constituir una falta a la transparencia y debería ser investigado por la Comisión de Acusación. La Corte Suprema deberá explicarle al país si tenía conocimiento de estos contratos y exigir la renuncia del Magistrado Reyes”, manifestó.
El contrato que en su momento tuvo el hoy integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tenía como objeto la verificación de la situación jurídica y de salud de los miembros de la entonces guerrilla de las Farc que se encontraban privados de su libertad, cuyos nombres eran suministrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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